De la polis al idiṓtēs: ¿el colapso de la política o de sus condiciones de posibilidad?

Por José Molina Ramón 

La pregunta de fondo quizás no sea únicamente si la política está en crisis, sino si asistimos a una transformación histórica de las condiciones mismas que hacían posible la vida política. Desde sus raíces griegas, la política remitía a ta politiká: los asuntos de la polis, aquello que concernía a la comunidad y exigía participación en un mundo compartido. La política no era simplemente gobierno, administración o representación; implicaba la existencia de un espacio común de aparición, conflicto y deliberación: la ágora. Allí, los desacuerdos podían hacerse visibles y el juicio sobre lo común podía construirse colectivamente.

Sin embargo, la propia tradición griega ofrece una categoría particularmente sugerente para pensar el presente: la del idiṓtēs. En la Atenas clásica, el idiṓtēs no designaba originalmente al “ignorante” o al “falto de inteligencia”, sentido peyorativo que adquiriría siglos después la palabra “idiota”. Más bien, nombraba a aquel que permanecía recluido en sus asuntos privados (idios), desentendiéndose de los asuntos de la polis. El idiṓtēs era, en cierto sentido, quien se retiraba del mundo común.

¿No estamos acaso frente a una forma históricamente renovada de esta condición?

Desde distintos ángulos, varios autores parecen converger en un diagnóstico inquietante. El sociólogo brasileño Jessé Souza ha mostrado cómo el neoliberalismo no constituye solamente un modelo económico, sino una racionalidad social que fragmenta los vínculos de solidaridad históricamente construidos. El sindicato, el barrio, las formas de organización popular e incluso ciertas solidaridades familiares han sido progresivamente erosionadas. Allí donde existían espacios de reconocimiento mutuo y construcción colectiva, emerge un individuo compelido a sobrevivir competitivamente.

De manera convergente, Byung-Chul Han ha sugerido que el neoliberalismo produce un sujeto aislado que ya no necesita ser disciplinado desde afuera, sino que se autoexplota bajo la promesa de libertad y rendimiento. En lugar de comunidad, proliferan relaciones débiles, conexiones instantáneas y subjetividades crecientemente encerradas sobre sí mismas. La paradoja contemporánea es evidente: vivimos hiperconectados, pero crecientemente solos.

A ello se suma una dimensión tecnológica decisiva. Las plataformas digitales, lejos de constituir una nueva ágora democrática, operan mediante arquitecturas algorítmicas orientadas a capturar atención, modular afectos y segmentar percepciones. Como ha mostrado Shoshana Zuboff, el capitalismo de vigilancia transforma experiencias, emociones y comportamientos en materia prima para la predicción y conducción de conductas. El juicio político parece desplazarse desde espacios colectivos de deliberación hacia flujos individualizados de indignación, miedo, deseo o adhesión emocional.

Quizás el problema de nuestro tiempo no sea simplemente una “crisis de representación” ni una pérdida de interés ciudadano por la política. Tal vez asistimos a algo más profundo: una producción social del idiṓtēs. No ya el ciudadano desvinculado por elección, sino sujetos crecientemente aislados por la fragmentación neoliberal de los vínculos comunitarios y por formas tecnológicas de mediación que reorganizan la experiencia política desde la individualización afectiva.

La pregunta, entonces, deja de ser únicamente cómo recuperar la política. Tal vez debamos preguntarnos primero si todavía existen las condiciones sociales, afectivas y comunitarias para que los asuntos de la polis puedan volver a ser realmente comunes.

La Potencia Plebeya en Bolivia: Del Cogobierno de 1952 al Poder Dual frente a la Gestión de Rodrigo Paz

Por José Molina Ramón 

La asunción presidencial de Rodrigo Paz Pereira en noviembre de 2025 significó el fin de dos décadas de hegemonía del Movimiento al Socialismo (MAS) e inauguró un giro de austeridad y libre mercado en el manejo del Estado. Sin embargo, las medidas de su gestión en 2026 —orientadas al recorte del gasto público y la liberalización impositiva— han colisionado de inmediato con una severa crisis de divisas y desabastecimiento de combustibles, evidenciando los límites estructurales de la democracia liberal competitiva. Ante la debilidad institucional del aparato estatal para arbitrar las demandas ciudadanas, la gobernabilidad ya no se resuelve únicamente en las urnas, sino que el verdadero subsuelo de la política boliviana se reconfigura en las calles, reactivando la histórica tensión entre el poder formal del Palacio de Gobierno y el poder real de los sectores movilizados.

Para comprender la viabilidad teórica de una salida comunal a esta crisis, es mandatorio revisar el hito fundacional de la vanguardia obrera boliviana: la Revolución Nacional de 1952. Tras la insurrección de abril de aquel año, el Estado no se reconstruyó bajo la clásica separación de poderes de la democracia liberal, sino mediante el Cogobierno entre la Central Obrera Boliviana (COB) y el Movimiento Nacionalista Reunido (MNR). En este esquema histórico, los mineros y las clases trabajadoras organizadas no eran simples representados, sino que ejercían directamente la dirección del Estado a través de ministros obreros extraídos de sus propios sindicatos y mediante la nacionalización de las minas bajo control obrero con derecho a veto. Fue el momento en que la estructura sindical demostró poseer mayor legitimidad, disciplina logística y capacidad administrativa que la propia burocracia oficial, estableciendo el precedente indeleble de que en Bolivia los productores pueden y deben dirigir la economía del país desde sus propias organizaciones.

Bajo la herencia de 1952 y las crisis de principios del siglo XXI —como las Guerras del Gas y del Agua—, Álvaro García Linera teorizó el concepto de "poder dual" o "empate catastrófico" para describir este interregno institucional donde el Estado centralizado pierde el monopolio de la dirección social. En su lugar, emerge un entramado de organizaciones territoriales —sindicatos agrarios, comunidades indígenas, gremios urbanos y juntas vecinales— que acumulan tal legitimidad y capacidad de paralización que se constituyen como un segundo foco de autoridad de facto. Siguiendo el espíritu originario de los soviets de 1917, este modelo postula que la conducción de la sociedad no debe radicar en partidos políticos profesionales y competitivos que fragmentan a la población, sino en consejos asamblearios de base donde el Poder Ejecutivo queda relegado a una instancia meramente técnica, administrativa y ejecutora, subordinada estrictamente al mandato directo e imperativo del bloque social unificado.

La abrogación forzada del Decreto Supremo 5503 por la presión popular en las calles a principios de 2026 demuestra que la potencia de veto de las masas bolivianas sigue intacta; sin embargo, para que este poder dual transicione de la protesta defensiva a una alternativa real de dirección estatal, se deben cumplir tres condiciones rigurosas. Primero, las bases movilizadas deben emancipar definitivamente su agenda de la destructiva disputa interna entre las facciones "evistas" y "arcistas" del MAS, entendiendo que el poder dual no puede edificarse en torno al mesianismo de una sola persona, sino en la centralidad de las demandas colectivas. Segundo, es indispensable reconstruir la unidad orgánica y autónoma de las matrices tradicionales, hoy fracturadas en dirigencias paralelas, mediante consensos que surjan desde las bases y los territorios para purgar el prebendalismo y el corporativismo con el que los gobiernos de turno históricamente han cooptado a las cúpulas. Finalmente, las organizaciones deben institucionalizar un sistema nacional de delegados revocables que traslade de forma ordenada las decisiones de las asambleas locales a un Consejo Nacional de Productores y Vecinos; solo este diseño permitirá que el poder de las calles asuma tareas de planificación económica y control social, forzando a la administración de Rodrigo Paz a actuar como un simple mandatario que gestiona lo técnico, pero que ya no decide de forma unilateral el destino estratégico de la nación.