De la polis al idiṓtēs: ¿el colapso de la política o de sus condiciones de posibilidad?

Por José Molina Ramón 

La pregunta de fondo quizás no sea únicamente si la política está en crisis, sino si asistimos a una transformación histórica de las condiciones mismas que hacían posible la vida política. Desde sus raíces griegas, la política remitía a ta politiká: los asuntos de la polis, aquello que concernía a la comunidad y exigía participación en un mundo compartido. La política no era simplemente gobierno, administración o representación; implicaba la existencia de un espacio común de aparición, conflicto y deliberación: la ágora. Allí, los desacuerdos podían hacerse visibles y el juicio sobre lo común podía construirse colectivamente.

Sin embargo, la propia tradición griega ofrece una categoría particularmente sugerente para pensar el presente: la del idiṓtēs. En la Atenas clásica, el idiṓtēs no designaba originalmente al “ignorante” o al “falto de inteligencia”, sentido peyorativo que adquiriría siglos después la palabra “idiota”. Más bien, nombraba a aquel que permanecía recluido en sus asuntos privados (idios), desentendiéndose de los asuntos de la polis. El idiṓtēs era, en cierto sentido, quien se retiraba del mundo común.

¿No estamos acaso frente a una forma históricamente renovada de esta condición?

Desde distintos ángulos, varios autores parecen converger en un diagnóstico inquietante. El sociólogo brasileño Jessé Souza ha mostrado cómo el neoliberalismo no constituye solamente un modelo económico, sino una racionalidad social que fragmenta los vínculos de solidaridad históricamente construidos. El sindicato, el barrio, las formas de organización popular e incluso ciertas solidaridades familiares han sido progresivamente erosionadas. Allí donde existían espacios de reconocimiento mutuo y construcción colectiva, emerge un individuo compelido a sobrevivir competitivamente.

De manera convergente, Byung-Chul Han ha sugerido que el neoliberalismo produce un sujeto aislado que ya no necesita ser disciplinado desde afuera, sino que se autoexplota bajo la promesa de libertad y rendimiento. En lugar de comunidad, proliferan relaciones débiles, conexiones instantáneas y subjetividades crecientemente encerradas sobre sí mismas. La paradoja contemporánea es evidente: vivimos hiperconectados, pero crecientemente solos.

A ello se suma una dimensión tecnológica decisiva. Las plataformas digitales, lejos de constituir una nueva ágora democrática, operan mediante arquitecturas algorítmicas orientadas a capturar atención, modular afectos y segmentar percepciones. Como ha mostrado Shoshana Zuboff, el capitalismo de vigilancia transforma experiencias, emociones y comportamientos en materia prima para la predicción y conducción de conductas. El juicio político parece desplazarse desde espacios colectivos de deliberación hacia flujos individualizados de indignación, miedo, deseo o adhesión emocional.

Quizás el problema de nuestro tiempo no sea simplemente una “crisis de representación” ni una pérdida de interés ciudadano por la política. Tal vez asistimos a algo más profundo: una producción social del idiṓtēs. No ya el ciudadano desvinculado por elección, sino sujetos crecientemente aislados por la fragmentación neoliberal de los vínculos comunitarios y por formas tecnológicas de mediación que reorganizan la experiencia política desde la individualización afectiva.

La pregunta, entonces, deja de ser únicamente cómo recuperar la política. Tal vez debamos preguntarnos primero si todavía existen las condiciones sociales, afectivas y comunitarias para que los asuntos de la polis puedan volver a ser realmente comunes.

La Potencia Plebeya en Bolivia: Del Cogobierno de 1952 al Poder Dual frente a la Gestión de Rodrigo Paz

Por José Molina Ramón 

La asunción presidencial de Rodrigo Paz Pereira en noviembre de 2025 significó el fin de dos décadas de hegemonía del Movimiento al Socialismo (MAS) e inauguró un giro de austeridad y libre mercado en el manejo del Estado. Sin embargo, las medidas de su gestión en 2026 —orientadas al recorte del gasto público y la liberalización impositiva— han colisionado de inmediato con una severa crisis de divisas y desabastecimiento de combustibles, evidenciando los límites estructurales de la democracia liberal competitiva. Ante la debilidad institucional del aparato estatal para arbitrar las demandas ciudadanas, la gobernabilidad ya no se resuelve únicamente en las urnas, sino que el verdadero subsuelo de la política boliviana se reconfigura en las calles, reactivando la histórica tensión entre el poder formal del Palacio de Gobierno y el poder real de los sectores movilizados.

Para comprender la viabilidad teórica de una salida comunal a esta crisis, es mandatorio revisar el hito fundacional de la vanguardia obrera boliviana: la Revolución Nacional de 1952. Tras la insurrección de abril de aquel año, el Estado no se reconstruyó bajo la clásica separación de poderes de la democracia liberal, sino mediante el Cogobierno entre la Central Obrera Boliviana (COB) y el Movimiento Nacionalista Reunido (MNR). En este esquema histórico, los mineros y las clases trabajadoras organizadas no eran simples representados, sino que ejercían directamente la dirección del Estado a través de ministros obreros extraídos de sus propios sindicatos y mediante la nacionalización de las minas bajo control obrero con derecho a veto. Fue el momento en que la estructura sindical demostró poseer mayor legitimidad, disciplina logística y capacidad administrativa que la propia burocracia oficial, estableciendo el precedente indeleble de que en Bolivia los productores pueden y deben dirigir la economía del país desde sus propias organizaciones.

Bajo la herencia de 1952 y las crisis de principios del siglo XXI —como las Guerras del Gas y del Agua—, Álvaro García Linera teorizó el concepto de "poder dual" o "empate catastrófico" para describir este interregno institucional donde el Estado centralizado pierde el monopolio de la dirección social. En su lugar, emerge un entramado de organizaciones territoriales —sindicatos agrarios, comunidades indígenas, gremios urbanos y juntas vecinales— que acumulan tal legitimidad y capacidad de paralización que se constituyen como un segundo foco de autoridad de facto. Siguiendo el espíritu originario de los soviets de 1917, este modelo postula que la conducción de la sociedad no debe radicar en partidos políticos profesionales y competitivos que fragmentan a la población, sino en consejos asamblearios de base donde el Poder Ejecutivo queda relegado a una instancia meramente técnica, administrativa y ejecutora, subordinada estrictamente al mandato directo e imperativo del bloque social unificado.

La abrogación forzada del Decreto Supremo 5503 por la presión popular en las calles a principios de 2026 demuestra que la potencia de veto de las masas bolivianas sigue intacta; sin embargo, para que este poder dual transicione de la protesta defensiva a una alternativa real de dirección estatal, se deben cumplir tres condiciones rigurosas. Primero, las bases movilizadas deben emancipar definitivamente su agenda de la destructiva disputa interna entre las facciones "evistas" y "arcistas" del MAS, entendiendo que el poder dual no puede edificarse en torno al mesianismo de una sola persona, sino en la centralidad de las demandas colectivas. Segundo, es indispensable reconstruir la unidad orgánica y autónoma de las matrices tradicionales, hoy fracturadas en dirigencias paralelas, mediante consensos que surjan desde las bases y los territorios para purgar el prebendalismo y el corporativismo con el que los gobiernos de turno históricamente han cooptado a las cúpulas. Finalmente, las organizaciones deben institucionalizar un sistema nacional de delegados revocables que traslade de forma ordenada las decisiones de las asambleas locales a un Consejo Nacional de Productores y Vecinos; solo este diseño permitirá que el poder de las calles asuma tareas de planificación económica y control social, forzando a la administración de Rodrigo Paz a actuar como un simple mandatario que gestiona lo técnico, pero que ya no decide de forma unilateral el destino estratégico de la nación.

¿Por qué la academia no lee a Lenin?

Por José Molina Ramón

La ciencia política contemporánea —sobre todo la de corte más institucionalista o cuantitativo, muy influida por la academia norteamericana— ha tendido a privilegiar modelos formales, datos comparables y diseños metodológicos replicables. En ese marco, textos como los de Vladimir Lenin no encajan fácilmente porque no fueron escritos como teoría “neutral” sino como intervención estratégica situada. Lenin no escribe para describir el mundo, sino para transformarlo, y eso incomoda a una disciplina que, al menos en su versión dominante, intenta separar análisis y praxis.

Segundo, hay una cuestión política e histórica. Durante el siglo XX, especialmente en el contexto de la Guerra Fría, la figura de Lenin quedó fuertemente asociada a experiencias estatales específicas (URSS, partidos de vanguardia, centralismo), lo que produjo una lectura muchas veces reduccionista: Lenin como “dogma” o como “autor superado”. Esa lectura se sedimentó en los currículos, de modo que ya no se lo aborda como problema teórico sino como capítulo cerrado o incluso incómodo.

Tercero, hay un problema de estilo intelectual. Lenin trabaja con categorías como partido, organización, hegemonía, conciencia, pero lo hace en clave polémica, táctica, incluso contingente. Frente a eso, autores como Max Weber o Robert Dahl resultan más “asimilables” porque ofrecen tipologías, conceptos más estabilizados o lenguajes más compatibles con la enseñanza académica. Lenin exige una lectura distinta: no tanto sistemática sino estratégica, lo que hace que muchos académicos prefieran evitarlo antes que enfrentarse a esa incomodidad metodológica.

Cuarto, y esto es clave, hay una especie de despolitización de la teoría. En muchas corrientes actuales, la política se estudia como comportamiento, instituciones o elecciones racionales, pero no como lucha por la transformación radical del orden social. Lenin, en cambio, obliga a pensar la política como conflicto estructural, como ruptura, como toma del poder. Esa dimensión no desapareció en la realidad, pero sí ha sido parcialmente desplazada del lenguaje legítimo de la academia.

Ahora bien, también hay que decir que en ciertos espacios —historia intelectual, teoría crítica, estudios marxistas— Lenin sigue siendo leído con mucha seriedad. El problema es que esas corrientes han quedado más bien en los márgenes o en circuitos específicos, mientras que el mainstream disciplinar opera con otros criterios de validación.

En el fondo, lo que aparece no es solo un rechazo a Lenin, sino una tensión más profunda: qué tipo de conocimiento se considera “científico” en ciencias sociales. Y ahí Lenin queda en una posición incómoda porque rompe la separación entre teoría y práctica, entre análisis y compromiso. Por eso, más que un autor descartado, es un autor que sigue siendo difícil de integrar en las reglas actuales del juego académico.

La alineación política, un gran problema teórico con efectos prácticos en las derrotas del movimiento social

Por Julián Granda

Los factores de guerra y conflicto armado, con efectos en la sociedad, han dejado de ser explicativos del aumento o disminución de la movilización social. Esta se produce por otros factores, dentro de los cuales me voy a concentrar en este ensayo libre sobre uno: el alineamiento político.

Este concepto tiene una larga trayectoria. En su despliegue he visto que puede darse de forma espontánea, así como la gran movilización del Norte del Aburrá en Colombia durante junio de 2025, que reunió a la población de Granizal en torno al agua, u organizada en el marco de un proceso de incidencia política  que Vania Bambirra lo describe muy bien en La historia de la Revolución Cubana con relación a Frank País. 

La primera de las dos formas de alineamiento, la espontánea, ocurre de formas imprevistas y azarosas, creando marcos y acciones innovadoras, pero con tendencias rápidas hacia su disolución. Ya lo anunciaba Gramsci, no son sustentables. El mismo caso de Granizal me permitió observarlo el año pasado, lo intentaron de nuevo en octubre, pero no lo lograron como en junio. 

El ejemplo del gran paro nacional colombiano de 2021 es otra manifestación. La alineación espontánea exitosa durante tres meses, en ese sentido, se desbarató, aunque también hay que decirlo: se convirtió en un acto de formación de consciencia a largo plazo que sirvió para la consolidación del gobierno del presidente Petro. En el paro se fortaleció otro encadenamiento, pero, en cuanto a sus objetivos de hacer un nuevo país, se diluyó.

La alineación como acción consciente es distinta. Una forma de encararla ha sido fruto de la reflexión política de distintas personalidades. En El programa de transición, León Trotsky menciona la hipótesis acerca de las luchas sociales en cuanto a su crecimiento o debilidad por las consecuencias de la dirección partidaria. Un argumento muy complejo y poco desarrollado, pero que me sirve para el propósito.

Y es que uno de los contenidos específicos de esto, los problemas de dirección, corresponde con la ausencia o presencia de relacionamientos constantes, fluidos y polémicos entre bases (militantes y no alineados) y la dirigencia, siendo la primera la que condiciona a la segunda (el centralismo democrático, en ese esquema, se me aparece para tensionar mi argumento seudoanarquista combinado con mi defensa socialista). No obstante, ocurre que la presencia de lo que denominaré como la gestión política del alineamiento es un factor crucial, y su ausencia esclarece los fenómenos en cuanto a sus objetivos.

Dicho esto, miremos algunos lugares donde creo que se afianza este argumento, aunque corro el riesgo de su simplificación. El gobierno actual del Ecuador hace todo cuanto está a su alcance para generar agravios a los trabajadores y campesinos, además de su pequeña burguesía. Darle medallas distinguidas a quienes persiguen compatriotas migrantes en USA: desacertado. Encarcelar y perseguir a la oposición: despótico. Reprimir y sofocar la movilización indígena: colonial. Condonar deuda de grandes empresarios privados, además importadores: antipatriótico. Todas son acciones que generan unas condiciones objetivas para destituir un gobierno títere y profundamente contrario a los intereses nacionales.

No obstante, no se produce contestación popular relevante, y la explicación está en el alineamiento. En el pasado paro de octubre de 2025 se pudo haber alcanzado, pero cada actor quiso sacar réditos y continuó aislado en términos de coordinación de agenda y afianzamiento de una necesidad común.

Y con cada nueva medida tampoco se produce. Luego entonces, cada política gubernamental que atenta contra la vida y la economía no es contrastada ni tensionada, por lo que se requiere un movimiento en dos ámbitos.

La afirmación de la idea acerca del problema del estancamiento se relaciona con los sectores de mayor consciencia de oposición y, dentro de esto, su equivocada política de actuar solos, sin la mediación específica de todos quienes comparten el agravio, pero aún más, la demanda de ser un país justo y en paz. Se trata de sumar fuerzas y de producir una voluntad común que trascienda la fragmentación moral y organizativa en la que hoy se refugian incluso los más lúcidos. Porque allí donde cada quien interpreta correctamente el agravio pero lo procesa en soledad, lo que emerge no es acumulación política sino dispersión estratégica.

Así entonces, mientras no se produzca la gestión de la alineación, no pasará nada en cuanto a cumplimiento de objetivos y cada acto valeroso quedará limitado por su propio narcisismo: valiente en cuanto a sí, pero insignificante frente a sus efectos de coyuntura. Peor aún, esa suma de valentías aisladas termina funcionando como estabilizador del orden que se pretende combatir, al descargar la presión social en expresiones inconexas. El problema, entonces, no es la ausencia de conflicto, sino su mala articulación. Y mientras esa articulación no exista, el poder no necesita derrotar al movimiento social: le basta con dejarlo actuar. Para forjar victorias así, se requiere abordar el complejo asunto de la dirección y dentro de este, el cómo de la alineación.

La gráfica de la semana by Jimmy Oñate

 

El Manifiesto Comunista en el centro del tiempo histórico

Por Diego Pasquel (Secretario General del Partido Comunista del Ecuador -Comunes)

El Manifiesto Comunista ocupa un lugar central en la comprensión del mundo contemporáneo al ofrecer una lectura materialista del movimiento de la historia. El capitalismo global actual, con su expansión planetaria, sus conflictos geopolíticos y su reordenamiento del trabajo, confirma la ley histórica formulada por Marx y Engels cuando afirman que “toda la historia de la sociedad humana, hasta la actualidad, es una historia de luchas de clases” (Marx y Engels 1848, 11). Esta afirmación ilumina las relaciones sociales y políticas que estructuran el orden mundial.

En el presente, la lucha de clases se expresa en la disputa por la riqueza social, el control de los recursos y el rumbo de las sociedades. La concentración del poder económico y político en manos de las clases dominantes se articula con la organización de los pueblos y de la clase trabajadora en todos los continentes. El Manifiesto aporta una perspectiva estratégica que permite comprender estas dinámicas como parte de un proceso histórico en desarrollo, orientado por la acción consciente de las mayorías.

El horizonte que propone el Manifiesto se define por su carácter material y político. Su fuerza radica en señalar a la clase trabajadora como sujeto histórico capaz de transformar la sociedad y abrir una nueva etapa civilizatoria. Esta perspectiva se condensa cuando se afirma que “los proletarios, con ella, no tienen nada que perder, como no sea sus cadenas. Tienen, en cambio, un mundo entero que ganar” (Marx y Engels 1848, 37). Esta consigna articula esperanza, organización y acción colectiva a escala mundial.

En el contexto actual de crisis global del capitalismo, el Manifiesto Comunista mantiene su vigencia al orientar la práctica política hacia la construcción consciente de poder popular y de una alternativa socialista. Su lectura reafirma la capacidad histórica de los pueblos para intervenir en el curso de los acontecimientos y disputar el futuro de la humanidad. En el Ecuador actual, atravesado por la desigualdad, la violencia y la disputa por el rumbo del país, convoca a organizar a la clase trabajadora y al pueblo para convertir la lucha cotidiana en una fuerza histórica capaz de conquistar soberanía, justicia social y un gobierno de salvación nacional.

Reforma al COOTAD: El "Tijeretazo" de Noboa a la Inversión Social

Por: José Molina Ramón 

Lo que el Gobierno de Daniel Noboa presenta como un ejercicio de "eficiencia" y "sostenibilidad", desde la perspectiva de los territorios se perfila como una estocada mortal a la autonomía y al bienestar ciudadano. La reforma al COOTAD, enviada con el sello de "económico urgente", no es solo un ajuste contable; es un cambio de paradigma que prioriza el cemento sobre la vida y utiliza la billetera estatal como látigo contra los gobiernos locales.

La Trampa del 70/30: ¿Obra Pública o Desmantelamiento Social?

El corazón de la reforma es la obligación de que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) destinen el 70% de su presupuesto a inversión física, dejando apenas un 30% para el funcionamiento. Esta medida no busca "eficiencia", sino la reducción del aparato estatal de cercanía.

Al clasificar como "gasto corriente" a los sueldos de médicos municipales, maestros de escuelas populares y trabajadores sociales, la reforma fuerza un dilema perverso: ¿Construir un parque o mantener abierto un centro de salud infantil? En Quito, se estima que esta "camisa de fuerza" presupuestaria obligaría al despkido de más de 5.000 servidores públicos, desarticulando servicios que son derechos, no mercancías.

"La reforma redefine erróneamente la inversión, limitándola a obra física y excluyendo programas sociales esenciales", denunció el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, calificando la propuesta de inconstitucional e inaplicable.

El "Licuado" de las Transferencias: Menos Recursos, Más Castigo

La agresividad de la reforma se manifiesta también en los montos. No solo se impone una regla de gasto, sino que se condiciona la entrega de recursos. Si un municipio no cumple con los porcentajes de inversión impuestos por Carondelet, el Gobierno Central reducirá las transferencias al mínimo constitucional.

Expertos señalan que esta es una estrategia para "licuar" la deuda histórica que el Estado mantiene con los GAD. Al endurecer las reglas, el Gobierno genera una excusa legal para retener fondos, afectando principalmente a los municipios pequeños y rurales que dependen casi en un 90% de las transferencias estatales. Para estos territorios, la reforma no significa "obras", sino la parálisis total.

Una Receta Neoliberal con Sello del FMI

Detrás del discurso de "evitar el despilfarro en farras y fiestas", se esconde la vieja receta de austeridad impulsada por organismos multilaterales. Al forzar la reducción de la nómina municipal, el Gobierno traslada el costo del ajuste fiscal a las autoridades locales, quienes se verán obligadas a:

 * Privatizar servicios: Al no poder sostener la nómina de servicios básicos, la concesión a privados aparece como la única "salida".

 * Aumentar la presión fiscal local: Alcaldes y prefectos tendrán que subir tasas y prediales para compensar el recorte estatal, castigando nuevamente al bolsillo popular.

La reforma al COOTAD de Noboa es, en última instancia, un atentado a la descentralización. Es un intento por recentralizar el poder político a través del control financiero, asfixiando a quienes gestionan la realidad cotidiana de la gente para cumplir con metas macroeconómicas dictadas desde el frío despacho ministerial en Quito.

Si el cemento se prioriza sobre el derecho a la educación y la salud municipal, Ecuador no camina hacia la modernidad, sino hacia un modelo de desarrollo excluyente donde el territorio es solo un espacio de ejecución de contratos, y no el escenario de la vida digna.