Por José Molina Ramón
La asunción presidencial de Rodrigo Paz Pereira en noviembre de 2025 significó el fin de dos décadas de hegemonía del Movimiento al Socialismo (MAS) e inauguró un giro de austeridad y libre mercado en el manejo del Estado. Sin embargo, las medidas de su gestión en 2026 —orientadas al recorte del gasto público y la liberalización impositiva— han colisionado de inmediato con una severa crisis de divisas y desabastecimiento de combustibles, evidenciando los límites estructurales de la democracia liberal competitiva. Ante la debilidad institucional del aparato estatal para arbitrar las demandas ciudadanas, la gobernabilidad ya no se resuelve únicamente en las urnas, sino que el verdadero subsuelo de la política boliviana se reconfigura en las calles, reactivando la histórica tensión entre el poder formal del Palacio de Gobierno y el poder real de los sectores movilizados.
Para comprender la viabilidad teórica de una salida comunal a esta crisis, es mandatorio revisar el hito fundacional de la vanguardia obrera boliviana: la Revolución Nacional de 1952. Tras la insurrección de abril de aquel año, el Estado no se reconstruyó bajo la clásica separación de poderes de la democracia liberal, sino mediante el Cogobierno entre la Central Obrera Boliviana (COB) y el Movimiento Nacionalista Reunido (MNR). En este esquema histórico, los mineros y las clases trabajadoras organizadas no eran simples representados, sino que ejercían directamente la dirección del Estado a través de ministros obreros extraídos de sus propios sindicatos y mediante la nacionalización de las minas bajo control obrero con derecho a veto. Fue el momento en que la estructura sindical demostró poseer mayor legitimidad, disciplina logística y capacidad administrativa que la propia burocracia oficial, estableciendo el precedente indeleble de que en Bolivia los productores pueden y deben dirigir la economía del país desde sus propias organizaciones.
Bajo la herencia de 1952 y las crisis de principios del siglo XXI —como las Guerras del Gas y del Agua—, Álvaro García Linera teorizó el concepto de "poder dual" o "empate catastrófico" para describir este interregno institucional donde el Estado centralizado pierde el monopolio de la dirección social. En su lugar, emerge un entramado de organizaciones territoriales —sindicatos agrarios, comunidades indígenas, gremios urbanos y juntas vecinales— que acumulan tal legitimidad y capacidad de paralización que se constituyen como un segundo foco de autoridad de facto. Siguiendo el espíritu originario de los soviets de 1917, este modelo postula que la conducción de la sociedad no debe radicar en partidos políticos profesionales y competitivos que fragmentan a la población, sino en consejos asamblearios de base donde el Poder Ejecutivo queda relegado a una instancia meramente técnica, administrativa y ejecutora, subordinada estrictamente al mandato directo e imperativo del bloque social unificado.
La abrogación forzada del Decreto Supremo 5503 por la presión popular en las calles a principios de 2026 demuestra que la potencia de veto de las masas bolivianas sigue intacta; sin embargo, para que este poder dual transicione de la protesta defensiva a una alternativa real de dirección estatal, se deben cumplir tres condiciones rigurosas. Primero, las bases movilizadas deben emancipar definitivamente su agenda de la destructiva disputa interna entre las facciones "evistas" y "arcistas" del MAS, entendiendo que el poder dual no puede edificarse en torno al mesianismo de una sola persona, sino en la centralidad de las demandas colectivas. Segundo, es indispensable reconstruir la unidad orgánica y autónoma de las matrices tradicionales, hoy fracturadas en dirigencias paralelas, mediante consensos que surjan desde las bases y los territorios para purgar el prebendalismo y el corporativismo con el que los gobiernos de turno históricamente han cooptado a las cúpulas. Finalmente, las organizaciones deben institucionalizar un sistema nacional de delegados revocables que traslade de forma ordenada las decisiones de las asambleas locales a un Consejo Nacional de Productores y Vecinos; solo este diseño permitirá que el poder de las calles asuma tareas de planificación económica y control social, forzando a la administración de Rodrigo Paz a actuar como un simple mandatario que gestiona lo técnico, pero que ya no decide de forma unilateral el destino estratégico de la nación.
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