El Gobierno de Ecuador anunció con bombos y platillos la "ampliación" de su Programa de Migración Circular, una iniciativa que, lejos de resolver la crisis estructural del país, parece diseñada para formalizar el exilio económico. Bajo este esquema, un grupo de 150 trabajadores viajará a Florida en febrero para realizar labores agrícolas temporales, marcando la primera vez que se concreta el uso de visas H-2A. Mientras la Cancillería vende este movimiento como un hito de "empleo seguro" y promete "acompañamiento permanente", la realidad de las cifras del INEC a inicios de 2026 cuenta una historia mucho más oscura.
Resulta un ejercicio de cinismo político celebrar 150 vacantes cuando el mercado laboral ecuatoriano se encuentra en un coma profundo: aunque el Gobierno presume un desempleo engañosamente bajo del 2,6 %, la verdadera tragedia reside en que el subempleo devora al 17,4 % de la población y la informalidad supera el 53 %. Con apenas un 37 % de ecuatorianos con acceso a un empleo adecuado, el Estado ha decidido que su mejor política pública es convertir a sus ciudadanos en productos de exportación temporal.
Es la ironía perfecta: en un país donde se jactan de tener los "mejores indicadores de la región", la única salida digna que ofrece el Ministerio de Relaciones Exteriores es un boleto de avión para recoger naranjas en el extranjero. El Gobierno no está creando empleo; está administrando la desesperación, envolviendo la migración forzada en un empaque diplomático de "oportunidad" para maquillar su incapacidad de generar un sistema productivo que no obligue a su gente a buscar el futuro a miles de kilómetros de casa.
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