Por: José Molina Ramón
Lo que el Gobierno de Daniel Noboa presenta como un ejercicio de "eficiencia" y "sostenibilidad", desde la perspectiva de los territorios se perfila como una estocada mortal a la autonomía y al bienestar ciudadano. La reforma al COOTAD, enviada con el sello de "económico urgente", no es solo un ajuste contable; es un cambio de paradigma que prioriza el cemento sobre la vida y utiliza la billetera estatal como látigo contra los gobiernos locales.
La Trampa del 70/30: ¿Obra Pública o Desmantelamiento Social?
El corazón de la reforma es la obligación de que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) destinen el 70% de su presupuesto a inversión física, dejando apenas un 30% para el funcionamiento. Esta medida no busca "eficiencia", sino la reducción del aparato estatal de cercanía.
Al clasificar como "gasto corriente" a los sueldos de médicos municipales, maestros de escuelas populares y trabajadores sociales, la reforma fuerza un dilema perverso: ¿Construir un parque o mantener abierto un centro de salud infantil? En Quito, se estima que esta "camisa de fuerza" presupuestaria obligaría al despkido de más de 5.000 servidores públicos, desarticulando servicios que son derechos, no mercancías.
"La reforma redefine erróneamente la inversión, limitándola a obra física y excluyendo programas sociales esenciales", denunció el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, calificando la propuesta de inconstitucional e inaplicable.
El "Licuado" de las Transferencias: Menos Recursos, Más Castigo
La agresividad de la reforma se manifiesta también en los montos. No solo se impone una regla de gasto, sino que se condiciona la entrega de recursos. Si un municipio no cumple con los porcentajes de inversión impuestos por Carondelet, el Gobierno Central reducirá las transferencias al mínimo constitucional.
Expertos señalan que esta es una estrategia para "licuar" la deuda histórica que el Estado mantiene con los GAD. Al endurecer las reglas, el Gobierno genera una excusa legal para retener fondos, afectando principalmente a los municipios pequeños y rurales que dependen casi en un 90% de las transferencias estatales. Para estos territorios, la reforma no significa "obras", sino la parálisis total.
Una Receta Neoliberal con Sello del FMI
Detrás del discurso de "evitar el despilfarro en farras y fiestas", se esconde la vieja receta de austeridad impulsada por organismos multilaterales. Al forzar la reducción de la nómina municipal, el Gobierno traslada el costo del ajuste fiscal a las autoridades locales, quienes se verán obligadas a:
* Privatizar servicios: Al no poder sostener la nómina de servicios básicos, la concesión a privados aparece como la única "salida".
* Aumentar la presión fiscal local: Alcaldes y prefectos tendrán que subir tasas y prediales para compensar el recorte estatal, castigando nuevamente al bolsillo popular.
La reforma al COOTAD de Noboa es, en última instancia, un atentado a la descentralización. Es un intento por recentralizar el poder político a través del control financiero, asfixiando a quienes gestionan la realidad cotidiana de la gente para cumplir con metas macroeconómicas dictadas desde el frío despacho ministerial en Quito.
Si el cemento se prioriza sobre el derecho a la educación y la salud municipal, Ecuador no camina hacia la modernidad, sino hacia un modelo de desarrollo excluyente donde el territorio es solo un espacio de ejecución de contratos, y no el escenario de la vida digna.
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